La concejala de Personal y la secretaria accidental son las más afectadas por este fallo.
El juzgado contencioso administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife ha
declarado nulos de pleno derecho dos decretos de la concejala de personal del
Ayuntamiento de Icod de los Vinos, María del Cristo Luis González, e impone las
costas judiciales al Ayuntamiento, en la Sentencia nº 212/2014, que se ha dado
a conocer ayer.
Los decretos declarados nulos ordenaban sendos traslados forzosos de una funcionaria del Ayuntamiento de Icod, y no pasarían de ser un episodio mas de las irregularidades de la gestión del personal que lleva a cabo la concejal si no fuera porque los traslados afectaban a la funcionaria que denunció las irregularidades en la gestión de las ayudas económicas de emergencia social que concede el Ayuntamiento, bajo la dirección letrada de Luis Javier González Delgado.
Ambos decretos venían avalados por informes de la secretaria accidental del Ayuntamiento Nieves Díaz Peña, que suma otra mas al cúmulo de desaciertos que deja en evidencia no sólo su incompetencia como secretaria sino la gestión que el PSOE hace desde el consistorio icodense
La sentencia afirma que la motivación de los decretos de traslado “carece de toda lógica, pues si en Servicios Sociales existe una gran demanda social, aparece de todo punto irrazonable que se prescinda de dos trabajadores en dicho servicio.”
Tras analizar los decretos que declara nulos, la sentencia afirma que “todo ello lleva a la conclusión razonable de que los actos administrativos aquí impugnados, no obedecieron a la necesidad de hacer frente a necesidades excepcionales … por lo que, entendiendo que no hay tales razones de servicio público, sino de arbitrariedad en la decisión, procede declarar la nulidad del acto”.
Entre otras cosas, la concejala de personal de Icod de los Vinos, María del Cristo Luis, pretendió cumplir la suspensión cautelar de uno de los decretos declarados nulos, que ordenaba un traslado, decretando otro traslado, a lo que la sentencia responde que “la consecuencia de la suspensión de la Resolución de fecha 17 de diciembre de 2013 no puede ser otra que la no ejecución de la misma… no estando amparada legalmente ni justificada la nueva atribución de funciones realizada por el decreto de 26 de julio de 2013”, que es el otro decreto que declara nulo.
Sobre la funcionaria todavía pesa la sanción de 6 meses de suspensión de empleo y sueldo que el alcalde icodense Juan José Dorta le impuso por el supuesto incumplimiento del decreto de traslado que el juzgado ha declarado ilegal, cuyo juicio se verá el próximo mes de febrero.
Uno de los traslados declarados ilegales se produjo después de que la funcionaria pusiera en conocimiento del pleno del Ayuntamiento las irregularidades en la tramitación de las ayudas económicas de carácter social con que se encontró cuando fue destinada a los Servicios Sociales.
Tras la denuncia dirigida al pleno, al que el alcalde nunca dio conocimiento, la reacción de la concejala de personal María del Cristo Luis, fue trasladarla de los Servicios Sociales.
Tras diversas vicisitudes, denuncia ante la Fiscalía e instrucción de diligencias, el Juzgado de Icod de los Vinos ha imputado por esas irregularidades a la concejala de Servicios Sociales Ana María Pérez Díaz (que ya tiene juicio oral abierto en el procedimiento abreviado 33/2010 junto a Dorta y otros concejales) y a varios funcionarios.
Además de los ya imputados podrían estar implicados otros funcionarios, concretamente una secretaria accidental y un interventor municipal ya que los datos apuntan a que este último podría ser el diseñador de la trama que investiga el juzgado, porque su nacimiento se sitúa en la época en que era el responsable de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Icod.
El alcalde Dorta mantiene al frente de las ayudas sociales a la concejala Ana María Pérez Díaz y a los funcionarios imputados.
Los decretos declarados nulos ordenaban sendos traslados forzosos de una funcionaria del Ayuntamiento de Icod, y no pasarían de ser un episodio mas de las irregularidades de la gestión del personal que lleva a cabo la concejal si no fuera porque los traslados afectaban a la funcionaria que denunció las irregularidades en la gestión de las ayudas económicas de emergencia social que concede el Ayuntamiento, bajo la dirección letrada de Luis Javier González Delgado.
Ambos decretos venían avalados por informes de la secretaria accidental del Ayuntamiento Nieves Díaz Peña, que suma otra mas al cúmulo de desaciertos que deja en evidencia no sólo su incompetencia como secretaria sino la gestión que el PSOE hace desde el consistorio icodense
La sentencia afirma que la motivación de los decretos de traslado “carece de toda lógica, pues si en Servicios Sociales existe una gran demanda social, aparece de todo punto irrazonable que se prescinda de dos trabajadores en dicho servicio.”
Tras analizar los decretos que declara nulos, la sentencia afirma que “todo ello lleva a la conclusión razonable de que los actos administrativos aquí impugnados, no obedecieron a la necesidad de hacer frente a necesidades excepcionales … por lo que, entendiendo que no hay tales razones de servicio público, sino de arbitrariedad en la decisión, procede declarar la nulidad del acto”.
Entre otras cosas, la concejala de personal de Icod de los Vinos, María del Cristo Luis, pretendió cumplir la suspensión cautelar de uno de los decretos declarados nulos, que ordenaba un traslado, decretando otro traslado, a lo que la sentencia responde que “la consecuencia de la suspensión de la Resolución de fecha 17 de diciembre de 2013 no puede ser otra que la no ejecución de la misma… no estando amparada legalmente ni justificada la nueva atribución de funciones realizada por el decreto de 26 de julio de 2013”, que es el otro decreto que declara nulo.
Sobre la funcionaria todavía pesa la sanción de 6 meses de suspensión de empleo y sueldo que el alcalde icodense Juan José Dorta le impuso por el supuesto incumplimiento del decreto de traslado que el juzgado ha declarado ilegal, cuyo juicio se verá el próximo mes de febrero.
Uno de los traslados declarados ilegales se produjo después de que la funcionaria pusiera en conocimiento del pleno del Ayuntamiento las irregularidades en la tramitación de las ayudas económicas de carácter social con que se encontró cuando fue destinada a los Servicios Sociales.
Tras la denuncia dirigida al pleno, al que el alcalde nunca dio conocimiento, la reacción de la concejala de personal María del Cristo Luis, fue trasladarla de los Servicios Sociales.
Tras diversas vicisitudes, denuncia ante la Fiscalía e instrucción de diligencias, el Juzgado de Icod de los Vinos ha imputado por esas irregularidades a la concejala de Servicios Sociales Ana María Pérez Díaz (que ya tiene juicio oral abierto en el procedimiento abreviado 33/2010 junto a Dorta y otros concejales) y a varios funcionarios.
Además de los ya imputados podrían estar implicados otros funcionarios, concretamente una secretaria accidental y un interventor municipal ya que los datos apuntan a que este último podría ser el diseñador de la trama que investiga el juzgado, porque su nacimiento se sitúa en la época en que era el responsable de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Icod.
El alcalde Dorta mantiene al frente de las ayudas sociales a la concejala Ana María Pérez Díaz y a los funcionarios imputados.
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