La Fiscalía pide que se
dé un mes de plazo al exedil socialista Maximino Fuentes para que
derribe una vivienda que ordenó construir en suelo rústico para
compensar a un vecino.
Maximino Fuentes
La
Fiscalía ha solicitado al Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa
Cruz de Tenerife que inste al exconcejal socialista de Obras en el
Ayuntamiento de Icod en el mandato 2003-2007, Maximino Fuentes, a
iniciar "en el plazo de un mes" la demolición de una
vivienda de dos plantas, y unos 240 metros cuadrados de superficie,
que ordenó construir, en suelo rústico y sin licencia, cuando era
concejal. El objetivo de esta obra ilegal fue compensar a un vecino
que había cedido unos terrenos para la mejora de la carretera de
Icod a Santa Bárbara. La propuesta de la fiscal es solicitar el
ingreso en prisión del exedil si no derriba el inmueble, situado en
el camino de Los Canarios, en Santa Bárbara.
La
fiscal recuerda que "por sentencia de conformidad de fecha 13 de
diciembre de 2016, fue condenado el penado Maximino Fuentes, en su
calidad de concejal de Obras del Ayuntamiento de Icod de los Vinos,
por un delito contra la ordenación del territorio, además de un
delito por prevaricación urbanística". Una pena de un año y
cuatro meses de cárcel cuya ejecución se encuentra en la actualidad
suspendida, aunque esa suspensión está condicionada al cumplimiento
de una demolición que aún no se ha producido.
La
fiscal cita la sentencia para recordar que "en ocasión de la
primera fase de la obra de mejora de la carretera de Icod a Santa
Bárbara, con pleno conocimiento de que no se contaba con la
disponibilidad de los terrenos necesarios para su ejecución -lo que
fue advertido desde el inicio por los técnicos municipales-, por
afectar el proyecto a un terreno propiedad de este vecino, acordó
verbalmente con él una compensación por el suelo que le iban a
ocupar con las obras del proyecto".
El
sistema de compensación que propuso el exedil fue construir, con
cargo del Ayuntamiento de Icod, una edificación de dos plantas en
otros terrenos cercanos, en el barrio de Santa Bárbara, que también
eran propiedad de este vecino afectado por la obra de la vía.
El
terreno donde el ayuntamiento solicitó a una constructora que
edificara la vivienda para compensar a este vecino, que cedió parte
de otro solar para la citada carretera, estaba calificado como no
urbanizable, "por tratarse de suelo rústico de protección
territorial, donde los usos residenciales están expresamente
prohibidos".
Pese
a la imposibilidad legal de edificar una vivienda en ese terreno, el
exedil "solicitó verbalmente a la empresa adjudicataria del
proyecto de obra municipal, la construcción de una edificación con
fines residenciales, a sabiendas de la naturaleza del suelo, los usos
prohibidos, la necesidad de previa y preceptiva autorización a
otorgar por el Cabildo Insular de Tenerife (calificación
territorial), y la ausencia de licencia", según explica la
Fiscalía en su escrito.
"Hechos
que llevo a cabo el acusado al margen de todo procedimiento
administrativo, y sin hacer valoración económica de clase alguna,
no llegando a fijarse siquiera, cual debía ser el precio",
concluye.
El
citado juzgado condenó a Maximino Fuentes a sufragar, "a su
cargo y costa", todos los gastos de la demolición de la
edificación de dos plantas que, según han indicado fuentes cercanas
al caso, ya no pertenece al dueño del terreno, por lo que habría un
tercero afectado.
La
edificación de 240 metros cuadrados está parcialmente ejecutada. Y
está compuesta por dos plantas con cimentación y estructura de
hormigón armado y forjados unidireccionales de vigueta y bovedillas,
así como tabiquería ejecutada con bloques de hormigón vibrado.
El
exconcejal socialista ya cuenta, desde enero de 2018, con un proyecto
técnico y una autorización de la Gerencia de Urbanismo de Icod para
ejecutar las obras de demolición de esta vivienda ilegal.
La
Fiscalía plantea ahora al Juzgado que Maximino Fuentes sea requerido
para la ejecución de la demolición, y su inicio en el plazo de un
mes, con el cumplimiento de las condiciones especiales que constan en
la autorización municipal. Dejando el terreno en la situación
anterior a la edificación. "En caso contrario", la fiscal
solicita que "se le revoque el beneficio de la suspensión de la
ejecución de la pena, por incumplimiento de una de las condiciones:
restablecer la realidad física y jurídica alterada". Lo que le
obligaría a entrar en prisión.
Una
sentencia acordada por los nueve condenados
El
Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife condenó en
diciembre de 2016, a través de una sentencia de conformidad tras
alcanzar un acuerdo con los acusados, la Fiscalía y la acusación
particular, al exalcalde de Icod de los Vinos Juan José Dorta (PSOE)
y a otros ocho exconcejales del gobierno socialista en la Ciudad del
Drago en el mandato 2003-2007, entre los que se encontraba Maximino
Fuentes. Todos fueron condenados a un año de prisión y doce de
inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y
prevaricación urbanística (salvo la exedil Carmen Casilda,
condenada a seis años de inhabilitación por prevaricación
continuada). Este acuerdo evitó que los condenados tuvieran que
cumplir las penas de cárcel. En el caso de Maximino Fuentes, se le
añadieron cuatro meses más de prisión (en total, un año y cuatro
meses) tras declararse culpable de un delito contra la ordenación
del territorio, por el caso de la vivienda, de dos plantas, aún
pendiente de demolición en Santa Bárbara.
