Se nos dice que la subida del agua en un 60% y de la basura en un 80% no responde a ninguna decisión municipal. Si realmente es así, entonces la obligación del Ayuntamiento no es limitarse a trasladar el incremento a los vecinos, sino defender los intereses de la ciudadanía frente a esas subidas desproporcionadas.
Los vecinos y vecinas no pueden convertirse en la parte que siempre paga las consecuencias de decisiones tomadas por otras administraciones o por empresas concesionarias. La función de los representantes públicos es negociar, reclamar, fiscalizar y buscar alternativas para reducir el impacto económico sobre las familias.
Si el Ayuntamiento considera que no tiene capacidad para impedir estas subidas, debería compensarlas mediante una reducción de otros impuestos y tasas municipales, especialmente del IBI, para evitar que la presión fiscal sobre los hogares siga aumentando.
Además, resulta imprescindible reforzar la fiscalización y el control sobre ICODEMSA, garantizando la máxima transparencia en los costes, inversiones y gestión del servicio. Los ciudadanos tienen derecho a conocer con detalle las razones de estos incrementos y a que se verifique que cada euro que se les exige está plenamente justificado.
No es aceptable que se alegue falta de competencia para justificar una subida tan elevada mientras se renuncia a utilizar todas las herramientas políticas, administrativas y fiscales disponibles para proteger a los vecinos. Gobernar no consiste únicamente en recaudar, sino también en defender a quienes sostienen con sus impuestos los servicios públicos.
Por ello, exigimos que el Ayuntamiento se posicione claramente en contra de estas subidas, reclame su revisión ante las administraciones y organismos competentes, estudie medidas compensatorias como la rebaja del IBI y aumente la vigilancia y el control sobre la gestión de ICODEMSA.
Los vecinos necesitan soluciones, no explicaciones sobre quién tiene la responsabilidad última de los incrementos.
