ICOD DE LOS VINOS: diciembre 2013

jueves, 26 de diciembre de 2013

Citan a declarar como imputados a siete concejales y exediles de CC

El juzgado llama a declarar, por un posible delito de prevaricación, a los concejales que aprobaron en 2011 la compatibilidad laboral del exalcalde Diego Afonso y la exedil Inés León

Tomada del www.eldigitaldecanarias.net

El Juzgado Número 1 de Icod de los Vinos ha citado a declarar como imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa a siete concejales y exconcejales de Coalición Canaria en el Ayuntamiento icodense. Los políticos nacionalistas fueron denunciados por la Fiscalía Provincial y están citados a declarar, el próximo día 22, por aprobar en 2011 la compatibilidad laboral del exalcalde Diego Afonso (CC) y la exconcejala Inés Delia León (CC), que trabajaban para el consistorio mientras ejercían como ediles opositores en la misma corporación.

La denuncia de la Fiscalía considera que los imputados pudieron cometer un delito de prevaricación administrativa cuando en el pleno del Ayuntamiento de Icod de los Vinos celebrado el 26 de julio de 2011 le concedieron al exalcalde Diego Afonso la compatibilidad para simultanear su cargo de concejal con su empleo en el ayuntamiento, pese a que existían dos informes negativos de la jefa de la sección de Personal del consistorio emitidos el 1 y el 22 de julio.

La denuncia de la Fiscalía se refiere también a la compatibilidad que el mismo pleno concedió a Inés Delia León para simultanear el cargo con su empleo en la empresa municipal Icodemsa. En este caso fue la secretaria municipal la que advirtió en su informe de que era incompatible simultanear esas actividades.

Tres meses después de aquel pleno, a pesar de que sus compañeros le habían dado la compatibilidad, Diego Afonso decidió dimitir de su cargo de concejal, el 27 de septiembre de 2011. Fuentes cercanas al caso señalan que la otra edil afectada "se mantuvo en el cargo hasta que conoció que la Fiscalía estaba investigando los hechos". León renunció al acta de edil el 25 de julio de 2012.

Los imputados, que tendrán que prestar declaración ante el juez el próximo día 22, a partir de las 9:30 horas, son los concejales Francisco Javier González Díaz, María Mercedes Vera León, María Lourdes Tosco García, y los ex concejales Diego Afonso, José Antonio Jara, Pedro Vicente Hernández Delgado e Inés Delia León González.

La declaración de compatibilidad pudo prosperar solo con los votos de los concejales CC porque los concejales socialistas facilitaron que el Pleno adoptara este acuerdo presuntamente ilegal con su abstención. Los únicos que trataron de evitar este acuerdo, en consonancia con los informes técnicos, fueron los concejales de PP y Somos Icodenses, que deberán acudir al juzgado el día 19 para prestar declaración como testigos.

El portavoz de CC en Icod, Francisco González, aseguró ayer a EL DÍA que este asunto es "una cuestión técnica y jurídica sobre la que existe debate, y que se usa para tratar de hacer daño político".

"Nos denunciaron y ahora nos toca defendernos, pero este es un asunto que nunca debió salir de la esfera administrativa. Se lleva a los juzgados con una clara intencionalidad política", lamenta.

González, que es abogado, sostiene que en su momento pidieron informes jurídicos que consideraban compatibles las actividades de estos dos exediles de CC.

Fuente:

El Día

http://eldia.es/norte/2013-11-09/3-Citan-declarar-imputados-siete-concejales-exediles-CC.htm

El concejal de Urbanismo y Servicios de Icod, el socialista Ramón Socas Luis (PSOE) reconoce ilegalidades en la concesión del servicio de jardines

Afirma que se ha ido contra la ley porque la empresa era del municipio

El Ayuntamiento de Icod de los Vinos debe un total de 106.000 euros a la empresa que se encarga del mantenimiento de los jardines municipales, Jardi-Drago SL, según confirmó a mirametv.com el concejal responsable de Urbanismo y Servicios, Ramón Luis Socas (PSOE). Este portal web, de hecho, ha tenido acceso a un informe de la Intervención de Fondos del pasado 17 de septiembre en el que se alude al impago de nueve facturas por un importe de 79.803 euros, correspondientes a distintos meses de los ejercicios 2012 y 2013.

Llama la atención que el propio responsable municipal admitió que esta circunstancia se produce porque la empresa “ha trabajado durante meses sin contrato”, dado que en su momento finalizó la adjudicación que llevó a cabo el consistorio. “El interventor nos pone unos reparos que se están salvando a través del alcalde”, reconoció Ramón Luis Socas. El edil, a pesar de que mantener un servicio sin relación contractual alguna contradice la legislación vigente, explicó que la situación ha continuado “porque es una empresa del municipio”, aunque aclaró que en determinados meses se han firmado contratos temporales para que la entidad pueda continuar con los trabajos. Eso sí, todas las facturas que se adeudan a Jardi-Drago SL se corresponden, según aseguró el concejal, “a meses en los que la empresa no tenía contrato”.

El artículo 278 de la Ley de Contratos del Sector Público establece, en cuanto a la duración de la relación contractual entre las partes, que “el contrato de gestión de servicios públicos no podrá tener carácter perpetuo o indefinido, fijándose necesariamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares su duración y la de las prórrogas de que pueda ser objeto”. Un precepto que se incumple en el caso de Jardi-Drago SL a tenor de la información aportada por el concejal del Ayuntamiento de Icod responsable del servicio, ya que el edil reconoció que los plazos fijados se han superado, pese a que la empresa presta aún el servicio.

En cuanto a los impagos pendientes, Ramón Luis Socas aseveró que el Ayuntamiento “está haciendo todo lo posible para solucionar” una situación que, insistió, “heredamos del anterior gobierno municipal”, cuando gobernaba Coalición Canaria (CC). El concejal de Urbanismo adelantó, asimismo, que el consistorio sacará “en breve” un nuevo concurso para regularizar la situación del servicio de conservación de las zonas verdes del municipio.

Oposición

El portavoz de CC en el Ayuntamiento de Icod, Francisco González, por su parte, aseguró a mirametv.com que la deuda es aún mayor de la que reconoce el Consistorio. Según el concejal nacionalista, la Corporación debe unos 140.000 euros a la empresa, lo que ha provocado, en su opinión, que “de los nueve trabajadores que tenían en un principio hayan pasado a sólo cinco”.

“Se trata de una empresa pequeña de la que dependen familias del municipio”, explicó el concejal de la oposición que, a su vez, tildó la situación de “inaceptable”. Según González, Jardi-Drago SL presta los servicios pese a no cobrar “por amor al trabajo y por amor al pueblo”. El portavoz de CC exigió una solución a la situación actual y achacó al Ayuntamiento que “presuma de estar saneado cuando no cumple con sus empresas”.

Fuente :DAVID CUESTA (WWW.MIRAMETV.COM) | SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Fiscalía denuncia a la concejal de servicios sociales del Ayuntamiento de Icod, Ana María Pérez, por irregularidades en al concesión de ayudas sociales

Manuel Correa, ex alcalde de La Victoria, también está imputado en esta causa

En la denuncia formulada por la Fiscalía ante el Juzgado de Icod de los Vinos se pide la imputación de la concejala así como del jefe de sección de los servicios sociales, Manuel Correa, ex alcalde socialista de La Victoria, y de un auxiliar.

Según la denuncia, en el Ayuntamiento de Icod las ayudas sociales no se conceden en base a la urgencia de las ayudas o respetando el orden sino que los denunciados seleccionaban las personas a las que se les concedían de forma arbitraria.

La denuncia señala como cabeza de la trama a la concejala de servicios sociales Ana María Pérez Díaz, que ya está acusada de un delito de prevaricación en otro procedimiento.

La actuación de la Fiscalía se produjo a instancia de una funcionaria que puso la situación en su conocimiento tras constatar que el pleno del Ayuntamiento no actuaba para denunciar las irregularidades que se estaban produciendo.

Aunque la denuncia de la Fiscalía se ciñe a los años 2010 a 2012, la situación podría venir de años anteriores en que gobernaba el pacto PP – CC, lo que explicaría su pasividad ante los hechos.

Al parecer, y según la denuncia de la fiscalía los trabajadores sociales habían mostrado a la concejal su preocupación por las quejas de algunos afectados a los que no les llegabas las ayudas pese a que contaban con todos los informes favorables.

La operativa de la trama consistía en que, una vez que los trabajadores sociales habían dado su visto bueno a la concesión de la ayuda, la concejala de servicios sociales en unos casos, y el Interventor municipal (que acumula a ese cargo el de jefe de sección de los servicios sociales) en otros, decidían que ayudas se pagaban y cuales debían esperar.

De esta forma algunas ayudas se resolvían en sólo dos o tres días mientras que otros afectados llevan más de 2 años esperando que se les haga efectiva.

Fuente: http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia86804.php

Somos Icodenses se opone al pago al alcalde de Icod de 5.475 € por parte del Ayuntamiento en concepto de gastos de abogados por el caso del Mariposario

En el caso que reclama el alcalde de Icod no hay ninguna sentencia absolutoria

En la comisión informativa del pasado martes previa al pleno del mes de noviembre del Ayuntamiento de Icod de los Vinos se dictaminó positivamente, con el único voto en contra de Somos Icodenses, el abono al alcalde de 5.475 € por parte del Ayuntamiento en concepto de gastos de abogados por el caso del Mariposario.

Somos Icodenses llevará al pleno del próximo martes día 26, una enmienda a la proposición solicitando que no se proceda al abono de las citadas cantidades.
En una amplia exposición la agrupación local icodense desgrana los motivos por los que se opone al referido pago, que se basa en primer lugar en fundamentos de plena legalidad. El abono de gastos de defensa jurídica a representantes políticos de las corporaciones tienen su justificación en una sentencia de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo (sentencia nº 656/2002 de 4 de febrero) que establece una serie de condiciones necesarias, pero no suficientes, para que se procede a dicho abono.

Entre ellas está la exigencia de que se produzca una sentencia absolutoria por parte de un juez o tribunal que exima totalmente de culpa al concejal o político imputado, o procesado, del caso que se le acusa, y sólo así podrá el afectado solicitar al pleno de la corporación la devolución de los gastos incurridos, pero siempre corresponderá a la institución pública el aceptar o no el abono de dichos gastos, en el ejercicio de su autonomía local.

En definitiva, tal como dice el Tribunal Supremo, aun existiendo absolución, es la corporación la que a partir del análisis de la sentencia absolutoria, la que determinara si procede o no el abono de los gastos.

Pues bien en el caso que reclama el alcalde de Icod no hay ninguna sentencia absolutoria, sino que el proceso fue sobreseído provisionalmente. El sobreseimiento provisional es una figura jurídica que supone la suspensión del proceso penal, pudiendo éste reanudarse cuando desaparezcan los obstáculos que hayan determinado esa suspensión.

Procede el sobreseimiento provisional en aquellos supuestos en que existiendo indicios de la comisión de un delito no se logra mayor certeza en la determinación de esos indicios, o sea, no se logran pruebas suficientes para poder acusar a la persona apuntada por los indicios. Se deja abierta la posibilidad para la reapertura del proceso más adelante, en caso de aparecer nuevas pruebas. No supone pues que el asunto se haya juzgado, y por tanto significa que no existe absolución alguna.

Esto significa que el caso por el que reclama el alcalde de Icod de le paguen 5.475 € no ha sido juzgado, no hay sentencia y no hay “declaración de inexistencia de responsabilidad criminal”, que exige el Tribunal Supremo, para que los gastos de abogados puedan ser abonados a los políticos.

En definitiva, no se cumplen las condiciones mínimas exigidas por la sentencia del Tribunal Supremo y en opinión de Somos Icodenses no es legal abonar estos gastos al alcalde.

Pero además el expediente tienen otros elementos que lo hacen difícilmente asumible en términos legales. Ya se trajo esta cuestión a la comisión informativa del mes de marzo pasado. En aquella ocasión el expediente quedo sobre la mesa a petición de Somos Icodenses, que esa vez si obtuvo el apoyo de los otros grupos de la oposición que ahora se han abstenido, para “la incorporación al mismo de diversa documentación de la que adolece”, según dictamen de la comisión de esa fecha.

Pues bien de forma sorprendente se trae ahora el mismo expediente de entonces, con exactamente los mismos documentos que entonces, los mismos informes y con las mismas fechas. Lo único diferente es que la propuesta de la concejala de Hacienda que siendo la misma de entonces, exactamente calcada, se le cambia la fecha del 6 de marzo por la del 11 de noviembre.

No se ha cumplido pues el dictamen de la comisión informativa, celebrada el 19 de marzo de 2013, de incorporar al expediente nueva documentación de que adolece, por lo cual entendemos que no procede el tratamiento del asunto en este próximo pleno, hasta que como mínimo se subsane lo aprobado en aquella comisión.

Al margen de las claras y potentes razones legales existentes para no aprobar este gasto, Somos Icodenses quiere hacer algunas consideraciones políticas y sociales sobre el asunto.

En la situación actual, en la que tanta gente está pasando tantas dificultades económicas en todos lados, y particularmente Icod, unos de los municipios de más paro de Canarias.

En unos momentos en que la propia institución local está en situación precaria para el mantenimiento de los servicios y el cumplimiento de sus obligaciones financieras. Cuando, por poner un ejemplo, el Ayuntamiento le debe 150.000 euros a una empresa de Jardinería a la que ha llevado a una situación agónica.
En un periodo tan difícil en que todos los esfuerzos de las instituciones públicas deberían concentrarse en ayudar a paliar los tremendos problemas sociales que la crisis económica está produciendo.

En una situación de esta naturaleza y gravedad resulta bastante duro, e inaceptable, ver como el alcalde de un municipio como Icod, con los problemas que tiene, se preocupe primero que nada de solucionar sus propios asuntos e intereses, e intente detraer en estos momentos más de cinco mil euros de las arcas municipales, que tanta falta hacen en tantas necesidades sociales. Incluso si tuviera derecho a ello -que en nuestra opinión no lo tiene- podía esperar un poco.

Fuente: http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia85884.php