La regeneración del litoral es competencia del Estado y no debe
basarse en la opinión de los ciudadanos.
Es la conclusión del
Tribunal Supremo en un auto en el que
ratifica la imposibilidad de
que el Ayuntamiento de Icod de los
Vinos, en el norte de Tenerife,
haga una consulta popular sobre qué tipo de arena se quiere para la
playa de San Marcos.
De este modo el Tribunal Supremo da la razón al Consejo de Ministros, y señala que la responsabilidad de los ayuntamientos se centra en la limpieza y vigilancia, pero no incluye el tipo de material que se debe utilizar en una actuación de ingeniería.
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