jueves, 9 de julio de 2009

Texto del auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de Icod de los Vinos sobre Riquel

El auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de Icod de los Vinos por el que se ordena la paralización cautelar de la actividad de cinco empresas que se ubican en la zona de Riquel, junto a la playa de San Marcos.
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Los vecinos de la Playa San Marcos denunciarán al ayuntamiento

El colectivo vecinal San Marcos ve indicios de prevaricación en las licencias provisionales.
La asociación de vecinos San Marcos-Los Pescadores no descartan presentar una denuncia contra el Ayuntamiento de Icod de los Vinos en relación al inicio de la tramitación administrativa necesaria para la concesión de licencias provisionales a las cinco empresas afectadas por los precintos y cierres en la zona de El Riquel. En este sentido, el presidente del citado colectivo, Jorge Herrera, adelantó a este periódico que se han solicitado el acta de la sesión plenaria del pasado 19 de junio, en donde el grupo de gobierno (CC-PP) aprobó, con la abstención del PSC, instar a las industrias afectadas de la zona de El Riquel a que presentaran la documentación necesaria para la concesión de licencias de carácter provisional, con la expectativa de poder "convencer" a la jueza titular del Juzgado Número 1 de Icod de los Vinos para que levante la orden de precintos y cierre cautelares en las cinco empresas radicadas en esta zona del litoral icodense. Al respecto, Herrera recordó que en el auto judicial se especifica que los precintos son para evitar actividades de carácter delictivo y que, con el acuerdo plenario, "pueden haber indicios de un presunto delito de prevaricación". Esta asociación de vecinos interpuso una denuncia en septiembre de 2004 contra las empresas de El Riquel por la comisión de un presunto delito contra la ordenación del territorio y la protección del medio ambiente.
Fuente: http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009070900_2_230883__Tenerife-vecinos-Riquel-denunciaran-consistorio

Histórico triunfo vecinal que paraliza las actividades ilegales de cinco empresas en Riquel.
El auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de Icod de los Vinos de este 5 de junio pareciera más un tratado sobre corrupción política que un documento por el que se ordena la paralización cautelar de la actividad de cinco empresas, de diferente tipo y pelaje, que se ubican en la zona de Riquel, junto a la playa de San Marcos del municipio del drago milenario.
Porque no es que dicho juzgado haya descubierto algo que todo el mundo no supiera, de hecho nada menos que el consejero de Medio Ambiente del cabildo de Tenerife, Wladimiro Rodríguez Brito, decía sobre este asunto allá por el 2004 que "hay leyes muy de laboratorio que no se han elaborado pensando en la gente y, como responsable público, no puedo defender más a un brezo o a un bicho que a un vecino". Vamos, para que nos entendamos, que se la reflanflinfan bastante las leyes y que cumple las que a él le parece bien en cada momento, pese a lo que se comprometió cuando tomó juramento o promesa de su cargo y pese a que forma parte del partido que, en Canarias, tiene más posibilidades que nadie de cambiar las leyes que crean conveniente
Y por eso no es de extrañar que en la relación de hechos que aparecen en el contundente auto judicial se mencionen, pese a que estamos hablando de cinco empresas, más de siete expedientes administrativos sancionadores que se dejaron 'caducar' en su momento, lo que, lógicamente, ha contribuido al sentimiento de impunidad con el que han actuado estas empresas a las que han apoyado implícita y explícitamente políticos como Wladimiro Rodríguez Brito nada menos que desde el área de Medio Ambiente del Cabildo Insular. Que no digamos nada del Ayuntamiento de Icod porque ese asunto huele que apesta.
Se trata de la corrupción al servicio de unas empresas que se ahorran cientos de millones en medidas correctoras, en licencias, en impuestos, en planes de rehabilitación o en estudios de impacto simplemente porque cuentan con la bendición (¿a cambio de qué?) de unos políticos que durante años y décadas han mirado para otro lado discretamente. Que no es que actúen así con todo el mundo, al contrario, porque luego trancan a un agricultor reconstruyendo la pared de un bancal sin permiso y le levantan los pies del suelo sin la más mínima consideración. Es más, esta forma de permitir a algunos privilegiados actuar en la más absoluta ilegalidad imposibilita que otras empresas, a las que sí se les exigen todos los requisitos para funcionar (acaso porque no están dispuestas a pasar por caja tan fácilmente), puedan introducirse en determinados sectores copados por media docena de piratas.
Y llegados a este punto, como casi siempre, son ciudadanos anónimos los que se tienen que jugar el físico para acudir a los tribunales a exigir el cumplimiento de la Ley, porque los que cobran por hacer eso mismo, como es el caso de Wladimiro, sólo están dispuestos a aplicarles la legislación vigente a unos cuantos que por lo visto no son tan guapos o, quizás, no son tan generosos en la financiación de los partidos políticos y/u otras cosas incluso menos confesables. ¿O acaso alguien le encuentra otra lógica a esta golfería sin límites? ¿Quién ha dejado caducar todos esos expedientes sancionadores -como ha ocurrido también en los barrancos de Güímar- y por qué? ¿Por qué nadie, con responsabilidad, había acudido antes a los tribunales con incumplimientos y agresiones al entorno tan flagrantes?
En fin, que ya veremos en qué termina lo de este auto que pone de fecha límite a esas empresas para retirar su maquinaria de allí el próximo día 19 a las 10 de la mañana. Eso ya lo veremos, lo que queda ahora es felicitar a los vecinos de San Marcos por esta lucha que han llevado casi en solitario y por la que han recibido de personajes como Wladimiro, y de la mayoría de los políticos locales, sólo desprecio y descalificaciones. Ahora parece que la Justicia comienza, sólo comienza, a poner las cosas en su sitio y esperemos que algún día, más pronto que tarde, se traigan a un avión Hércules de esos de donde sea, lleno de picoletos como a Lanzarote, y comiencen a meter en el talego esencialmente a los que consienten estos atentados al entorno y al sentido común. Y no me refiero, precisamente, a los empresarios que han hecho lo que les han consentido los verdaderos responsables de este desaguisado que habitualmente se pasean por ahí en coche oficial y todo-gasto-pago a costa de nuestros impuestos. ¡Chiquita tropa!
fuente: http://www.noincineraciontenerife.com/noticias/2457.htm





lunes, 6 de julio de 2009

Prevaricación y falsedad en documento público en el proyecto del anillo insular de Tenerife

La Plataforma Ciudadana por una Alternativa al Anillo Insular eleva sus denuncias a la Fiscalía General del Estado.
La Plataforma Ciudadana por una Alternativa al Anillo Insular de Tenerife ha dirigido un escrito al Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher Noguera, adscrito a la Fiscalía General del Estado, poniendo en su conocimiento las irregularidades del proyecto del Anillo Insular, así como las destrucciones que estas obras provocan en los LICs y otros espacios naturales protegidos. El Colectivo vecinal que se opone a esta infraestructura aprecia indicios de prevaricación y falsedad en documento oficial por parte de las autoridades canarias al fraccionar el proyecto en varias fases, motivando una Declaración de Impacto Medioambiental para cada trozo, cuando lo lógico y entendible debía ser una Declaración de Impacto para el conjunto del proyecto, al tratarse de una única infraestructura. Para los miembros de la Plataforma por una Alternativa al Anillo Insular, el hecho de que se esté trabajando muy rápidamente en la culminación del proyecto es prueba inequívoca de que los ejecutores quieren concluirla antes de que se dicte resolución contraria a sus intereses, para luego aplicar la política de hechos consumados. Por esta razón han reiterado al Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo su petición para que proceda a tramitar la paralización cautelar de las obras hasta que se esclarezcan todos las circunstancias que las están rodeando. La Plataforma ciudadana ha realizado, igualmente, un llamamiento a la ciudadanía para que rechacen esta infraestructura viaria, alertando de que las consecuencias de la ejecución de la misma serían irreversible, así como un llamamiento a la cordura de las administraciones públicas canarias para que desistan de continuar con esta obras”.
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