Dejan sin sueldo al funcionario que denunció 12 veces al gobierno

Alicia Verdejo (PSOE) firmó, como alcaldesa accidental, el decreto que sanciona con 24 meses de suspensión de empleo y sueldo al funcionario del ayuntamiento Justo Caridad.

La segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, Alicia Verdejo (PSOE), firmó recientemente un decreto, como alcaldesa accidental, que sanciona con 24 meses de suspensión de empleo y sueldo al funcionario municipal Justo Caridad, el trabajador que ha presentado más de 12 denuncias contra el alcalde, Juan José Dorta (PSOE), y otros ediles socialistas del grupo de gobierno local.
Caridad también es delegado de la sección del sindicato Stap y ha interpuesto varios contenciosos particulares y a nombre del sindicato contra el grupo de gobierno de Verdejo.
La sanción, que deja sin empleo ni salario a este funcionario durante dos años, se basa, según el afectado, en "presuntas faltas no justificadas y en el presunto incumplimiento del deber de fichar". A su juicio, esta decisión es una "evidente represalia por las denuncias presentadas".
Caridad destaca que "en dos de las doce denuncias que ha presentado contra el gobierno municipal socialista está implicada directamente Alicia Verdejo, que es la persona que firma la sanción y, por ello, debió abstenerse, de acuerdo con la Ley 30/1992".
Entre las denuncias que Caridad presentó contra miembros del gobierno del PSOE destacan el Procedimiento Abreviado 33/2010 por el que están imputados el alcalde, dos concejales y varios ex concejales, a la espera de que se fije la fecha de juicio; la denuncia de la concesión de una subvención a la Asociación de Amigos de Icod en Venezuela (junio de 2012); el posible nombramiento "a dedo" de Pilar González (octubre de 2013); la incompatibilidad de los exediles de CC Diego Afonso y Delia León (diciembre de 2012); otra por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores (junio de 2013); otra por el presunto cese ilegal del director de los Servicios Sociales municipales (abril de 2014); una presunta falsificación de certificados (julio de 2014), o el contrato de mantenimiento de jardines (marzo de 2014), que motivó la imputación del edil de Urbanismo y candidato del PSOE a la Alcaldía, Ramón Luis.
Además, denunció un delito de presunta falsedad en el expediente de reincorporación de Diego Afonso (noviembre de 2014); una presunta usurpación funciones judiciales (marzo de 2014); una denegación de vacaciones (abril de 2014), y otra denuncia por presuntas irregularidades en la empresa municipal Icodemsa (julio de 2014).
Caridad también señala que Verdejo es una de los cinco concejales del ayuntamiento que "se opone al cumplimiento de la sentencia del TSJC en el procedimiento 606/2007", que obliga al consistorio a otorgar a Caridad una plaza de economista en el consistorio.
Causa de abstención
En su escrito contra la sanción impuesta, Justo Caridad recuerda a Alicia Verdejo que él ejerce "la acusación popular contra el alcalde, Juan José Dorta, y tres de los concejales del grupo político municipal al que usted pertenece en el Procedimiento Abreviado 33/2010. Alcalde que la ha designado a usted directamente para el puesto de teniente de alcalde, y en consecuencia para el puesto desde el que ha firmado el decreto 2568/2014. Por ello, incurre usted, como también sabe, en la causa de abstención previstas en la Ley 30/1992.

Fuente: EL DÍA

El fiscal solicita que se archive la denuncia contra Dorta por el mariposario

La Fiscalía solicita al juzgado el sobreseimiento provisional de las diligencias previas 704/2013 por no observar "ilícito penal alguno.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado recientemente al Juzgado de Instrucción Número 1 de Icod de los Vinos que archive las diligencias previas 704/2013 abiertas contra el alcalde, Juan José Dorta (PSOE), por el cierre, precinto y vallado del Mariposario del Drago. El fiscal ha pedido por segunda vez el archivo de estas diligencias "al entender que de ellas no se deduce la existencia de ilícito penal alguno".

Tras el estudio y valoración de las pruebas documentales presentadas, la Fiscalía considera que "las irregularidades denunciadas por sí mismas no son constitutivas de delito alguno".

En su escrito, el fiscal recuerda que el 17 de enero de 2013, Juan José Dorta dictó la resolución 988/2013 por la que acordó el cierre del mariposario y ordenó su precinto y cerramiento "con malla rígida electrosoldada, con cimiento enterrado".

Los propietarios acudieron a la vía judicial y solicitaron que el Ayuntamiento de Icod cumpliera la sentencia que afecta al mariposario en el plazo más breve posible y que, de lo contrario, se levantara el precinto. Esta petición fue desestimada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo el 4 de octubre de 2013 al entender que las cuestiones derivadas de la ejecución deberían plantearse ante la administración local.

Los afectados por el cierre presentaron un recurso de reposición contra el decreto de Alcaldía 988/2013, que el Ayuntamiento de Icod no admitió a trámite por considerarlo "improcedente".

La Fiscalía no considera que el decreto 988/2013 del alcalde pueda dar lugar a un delito de prevaricación, como considera el denunciante: "Solo debe entenderse que la resolución desestima la pretensión del solicitante".

Además, el fiscal considera "incongruente" que los propietarios soliciten ante el Juzgado de lo Contencioso que el ayuntamiento proceda a dar cumplimiento del fallo de la sentencia en el plazo más breve posible, "para acto seguido" presentar ante el propio consistorio "un recurso de reposición que pide, como medida cautelar, la suspensión".Una denuncia de eneroEn enero de 2014, los dueños del mariposario denunciaron al alcalde de Icod por considerar que podría haber cometido un delito de prevaricación con el decreto de clausura y vallado del negocio. En su denuncia decían que se les negó el derecho a presentar recurso administrativo y que Dorta, "por tener litigios pendientes" con el dueño, "debió abstenerse".

Varios procedimientos.La Fiscalía señala en su escrito que "lo cierto es que lejos de ver limitadas sus posibilidades defensivas, el denunciante -en alusión al dueño del mariposario- ha planteado numerosos procedimientos tanto en vía penal como en vía contencioso administrativa para la defensa de sus intereses, todos relacionados con la clausura del Mariposario del Drago"..

Fuente:

El Dia

La situación de Icod

Fuente: PODEMOS ICOD