El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en sentencia 143/2011 condenó al Ayuntamiento de Icod de los Vinos, de forma solidaria con el Cabildo Insular de Tenerife, a pagar a los vecinos afectados por una actividad industrial que viene funcionando de forma ilegal en el barrio de Santa Bárbara de la ciudad norteña, una indemnización de más de 600 mil euros, más intereses, por los daños morales causados desde el año 1982 hasta el año 2004.
La condena se debe a que ambas administraciones incumplieron sus obligaciones al no actuar para impedir el funcionamiento de la actividad industrial que causaba daños a los vecinos. Pese a que han transcurrido más de seis años, la sentencia del TSJC no había trascendido hasta ahora.
Y eso que ni el Ayuntamiento de Icod de los Vinos ni el Cabildo de Tenerife la han cumplido. No solo no la han cumplido sino que además ambas Administraciones se niegan a informar a los vecinos afectados de las actuaciones que pudieran estar realizando para su cumplimiento.
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